En el marco de un encuentro con autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, representantes regionales de las áreas de Discapacidad exigieron la aplicación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad N°27.793. Además, advirtieron sobre las consecuencias institucionales y sociales que implicaría la iniciativa oficialista.

El reclamo surge tras conocerse la intención del Gobierno nacional de reformar la normativa actual. Esto ha generado una fuerte preocupación entre asociaciones de padres y de profesionales que atienden a dicha población, como así, a entidades gubernamentales tal es el caso del Consejo Provincial de Discapacidad de Corrientes (COPRODIS) que ofició de anfitrión de un encuentro con áreas provinciales que entienden de la materia.

La iniciativa enviada al Senado de la Nación propone cambios sustanciales que afectarían la sostenibilidad del sistema de prestaciones y los derechos adquiridos por los beneficiarios. Entre los puntos más controvertidos se encuentra la derogación de artículos clave de la Ley 27.793, lo que permitiría desregular la negociación por el sistema de salud y suprimir la actualización automática de los aranceles. Asimismo, el texto oficial establece un reempadronamiento obligatorio para los titulares de pensiones por invalidez, quienes deberán acreditar nuevamente su condición médica y situación socioeconómica bajo riesgo de sufrir la suspensión inmediata del beneficio.

En términos económicos, el nuevo sistema fija el monto de la pensión no contributiva en un 70% del haber mínimo jubilatorio, eliminando facultades del Ejecutivo para otorgar incrementos por invalidez laboral o por residencia en zonas geográficas desfavorables.

Por otro lado, la reforma endurece las condiciones de acceso al empleo al eliminar la posibilidad de que una persona con discapacidad mantenga su beneficio prestacional si logra acceder a un trabajo registrado. A esta medida se suma la quita de incentivos y programas de reconocimiento para aquellas empresas que fomentan la inclusión laboral dentro de sus estructuras.

Durante la reunión con funcionarios nacionales, representantes del NEA como Roxana Tannuri y Mirta Mendoza enfatizaron la necesidad de fortalecer la articulación institucional y avanzar en políticas públicas inclusivas. Políticas que desde el ejecutivo Nacional han sido reticentes para un sector tan vulnerable como lo son las personas con discapacidad.

Desde el sector de discapacidad esta actitud es considerada una estrategia de dilación por parte del oficialismo. Según los padres y entidades civiles, la presentación de este nuevo debate legislativo buscaría ganar tiempo mientras se incumplen normativas vigentes y sentencias judiciales previas. Un caso similar a lo que denuncian la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario.